• Imprimir

La Diputación del General, (siglos XIV-XVII)

Grabado coloreado que representa las Cortes Reales de la corona catalano-aragonesa (edición de las Constituciones de Cataluña, incunable del 1495).

Grabado coloreado que representa las Cortes Reales de la corona catalano-aragonesa (edición de las Constituciones de Cataluña, incunable del 1495).

Como su nombre indica, la Diputación (Deputació, en el lenguaje del tiempo) del General fue una representación del General o Generalitat de Cataluña con carácter permanente y ordinario. Por Generalitat, en el contexto histórico medieval, hay que entender la universidad o comunidad de los súbditos del monarca catalanoaragonés en los territorios del Principado de Cataluña y los condados del Rosellón y la Cerdeña.

Emanada de la Corte General, que agrupaba al rey y la representación estamental de la sociedad, la Diputación del General tenía la misión de llevar a buen fin determinadas decisiones –básicamente de carácter fiscal- que exigían más tiempo que el breve lapso de la reunión parlamentaria donde se habían acordado y que recaían en el ámbito de las responsabilidades de los estamentos o brazos según el espíritu pactista del régimen feudal.

El ejercicio de la jurisdicción fiscal de la Diputación del General fue determinante para establecer con precisión los límites de Cataluña. Así, el Valle de Arán, territorio de señoría real autónomo, se integró voluntariamente en el Principado en el año 1410 y se comprometió a contribuir al erario de la Diputación a cambio de protección militar.

Dentro del despliegue histórico de la Diputación del General, podemos diferenciar tres etapas:

La aparición de la Diputación del General fue el resultado de un proceso histórico gradual que abasta ochenta años entre finales del siglo XIII y el siglo XIV avanzado. En la Corte de Barcelona celebrada en 1283 bajo la presidencia del rey Pedro el Grande cuajó el régimen pactista, según el cual el soberano no podía promulgar constituciones ni exigir impuestos generales sin la autorización de los tres estamentos o Brazos – el militar, el eclesiástico y el real o popular – reunidos en Cortes. En cada convocatoria, las negociaciones parlamentarias entre el monarca y la representación estamental de la sociedad finalizaban con la aprobación de la nueva legislación para el gobierno de la tierra, la reparación de agravios y el donativo al monarca como contrapartida.

Puesto que la colecta de este donativo pedía más tiempo que el limitado de la Corte, fue preciso nombrar comisiones estamentales para hacer la colecta y, en efecto, ya en 1289 fue creada la primera. Ahora bien, ni esta comisión o diputación ni las constituidas hasta pasada la mitad del siglo XIV –normalmente reducidas al Brazo real, como único contribuyente a los donativos- tuvieron otro carácter que el de unos organismos ad hoc, que desaparecían una vez se había hecho efectiva la tributación pactada.

Coincidiendo con una etapa de decadencia económica y demográfica bajo el impacto de la Peste Negra de 1348, el largo reinado de Pedro el Ceremonioso se caracterizó por una serie de conflictos internos y costosas guerras exteriores, que pidieron un esfuerzo financiero sostenido de todos los estamentos e hicieron irreversible la continuidad de la diputación estamental y la formación de un erario público del reinado.

En 1359, en la Corte de Cervera, fueron nombradas dos comisiones, una del Brazo real y la otra de los Brazos eclesiástico y militar. En las Cortes Generales de Montsó de 1362-1363, fueron creados en Cataluña, Aragón y Valencia impuestos sobre el comercio (entradas y salidas y bolla de plomo), llamados “generalitats” o derechos del General. A partir de la Corte de Barcelona-Lérida-Tortosa de 1364-1365, ante la insuficiencia de la recaudación, se configuró una deuda consolidada, mediante la venta de censales y violarios cargados sobre aquellos derechos, hecho que implicó la estabilización definitiva de una única Diputación del General privativa de Cataluña, con sede en la ciudad de Barcelona y residencia en las casas de la calle San Honorato que forman el núcleo inicial del actual Palacio de la Generalitat.

Hay que decir que los estamentos vieron la creación de la Diputación del General como una dura necesidad para evitar que la fiscalidad extraordinaria entrara en órbita del fisco real –tal y como ocurrió en Francia, Castilla y, en parte incluso en Inglaterra-, con la esperanza de disolverla tan pronto fuera posible. La continuidad de las demandas regias, y especialmente, la necesidad de continuar pagando las pensiones de los censales y violarios –que, en su turno, exigieron el aumento de las tributaciones por encima de las exigencias del donativo- hicieron imposible este deseo de reversión. En cualquier caso, la prudente diferenciación entre la fiscalidad del General y la del rey fue la fuente de la prominencia y durabilidad de la Diputación del General hasta muy entrada la Edad Moderna, ya en pleno contexto de afirmación de absolutismo monárquico.

Acta de las Cortes Generales de Cataluña de 1359 celebrada en Cervera, donde se eligió el primer presidente de la Generalitat de Catalunya, Berenguer de Cruïlles (19 de diciembre de 1359)

Acta de las Cortes Generales de Cataluña de 1359 celebrada en Cervera, donde se eligió el primer presidente de la Generalitat de Catalunya, Berenguer de Cruïlles (19 de diciembre de 1359)

La extinción del Casal de Barcelona en 1410, la situación excepcional del Interregno que finalizó con el Compromiso de Caspe de 1412 y la instauración de una nueva dinastía fueron la ocasión para el incremento del poder político de la Diputación del General en detrimento de la soberanía monárquica, con cambios concretados desde la Corte de Barcelona de 1413. Las nuevas funciones políticas, compatibles con una economía de la institución progresivamente deficitaria y mal gestionada, dieron lugar a una fase de expansión de las actividades que desembocó, como culminación de una serie de conflictos, en una Guerra Civil en que la Diputación se enfrentó con el rey Juan II (1462-1472).A la salida de la guerra que tuvo consecuencias nefastas en el orden económico para la sociedad catalana y que puso en relieve las deficiencias del funcionamiento de la Diputación del General y su carácter oligárquico, la monarquía triunfante, en la persona del hijo y sucesor de aquel rey, Fernando II, emprendió una reforma de la institución catalana en profundidad y orientada a introducir mecanismos de control externo, que fueron puestos en manos de poderes emanados de la monarquía.

Después de este retroceso, a principios del siglo XVI, una monarquía en expansión y con bases territoriales más diversificadas dependía mucho menos de las aportaciones económicas servidas por la Diputación del General y, en cambio, estaba interesada en incrementar las responsabilidades de la institución catalana en el gobierno del Principado al servicio de los designios de la monarquía; pero los diputados estuvieron sistemáticamente en contra de esta vía de refuerzo de su papel político dirigente en Cataluña. En cualquier caso, la reconstrucción económica del país después de la Guerra Civil permitió, a lo largo de todo el siglo XVI, la consolidación financiera de la Diputación del General y el máximo despliegue de su red institucional.

Por lo tanto, se pueden distinguir dos fases de carácter diferente:

 

Protagonismo político, 1410-1472

Originada por las necesidades financieras de la monarquía, la Diputación del General se había convertido en la administradora de un erario público -uno de los más antiguos de Europa- y era, a comienzos del siglo XV, la principal institución representativa del conjunto del Principado con carácter permanente. Gracias a esta posición eminente, la vacante producida por la muerte del rey Martín el Humano en 1410 exigió a los diputados el ejercicio de funciones abiertamente políticas para gestionar el Interregno y la sucesión al trono. El Parlamento General de 1410-1412 fue un período constituyente, guiado por la voluntad de hacer crecer los órganos administrativos y políticos de la Diputación del General y regular los procedimientos y los controles, a través de campañas fiscalizadoras y la formación de un archivo privativo de la institución.

A raíz de la entronización de Fernando I, jefe de la nueva dinastía de Trastámara, la Corte de Barcelona de 1413 fue el escenario de la ofensiva pactista de los Brazos que, seguida de otras reformas en la misma dirección en los años 1422-1424, 1433 y 1455, consolidó la institución sin alterar a fondo su carácter de representación de los estamentos privilegiados, muy a menudo ejercida en detrimento de los intereses populares. De un lado, los tres diputados generales y los tres oyentes de cuentas –uno por estamento-, renovados por cooptación cada tres años (en 1455 fue introducido un sistema mixto de cooptación y sorteo por insaculación), gobernaron la institución autónomamente y se constituyeron en tribunal de justicia inapelable en las causas relativas al régimen jurídico de sus oficiales y a la recaudación y gestión de impuestos. Por otro lado, la misma Corte de 1413 les añadió funciones políticas de defensa de la justicia y control de la observancia del derecho general por parte del monarca y de sus oficiales, evitando las contra facciones o vulneraciones de las leyes paccionadas.

El frecuente absentismo de los reyes de la nueva dinastía –que delegaron el ejercicio local de su poder en lugartenientes- fue el fondo del crecimiento de las funciones políticas de la Diputación del General. En reacción contra el encarcelamiento del primogénito real Carlos de Viana por su padre Juan II en 1460, los Brazos constituyeron un Consejo del Principado formado por los seis diputados y oyentes del General y una representación paritaria de los estamentos, que primero fue de 27 miembros y después de 54. Reconocida por la monarquía en la Concordia de Vilafranca de 1461, que prohibía la entrada del rey en el Principado sin autorización del Consejo, esta Diputación del General reforzada asumió la dirección política de Cataluña en la Guerra Civil de 1462-1472, un conflicto que marcó el apogeo y el punto final de el impulso político de los Brazos.

Durante la guerra, Juan II fue declarado «enemigo de la tierra» y destronado por las instituciones autónomas, siendo la corona catalana entregada, sucesivamente y con poca fortuna, a tres príncipes extranjeros descendientes del Casal de Barcelona por vía femenina: Enrique de Castilla, Pedro de Portugal y Renat de Anjou. La alianza de Juan II con Luís XI de Francia –al precio de la cesión del Rosellón y la Cerdaña, más tarde reintegrados- fue uno de los elementos que inclinó la balanza en una guerra que causó grandes daños al Principado y donde la oligarquía tuvo que enfrentarse con las reivindicaciones populares, instrumentalizadas por el rey.

En 1469, Juan II celebró Corte en Cervera e hizo aprobar en facción el establecimiento de nuevas imposiciones, diferentes de las Generalitates que, a partir de aquel momento, quedaron relegadas a un segundo plano como fuente económica fundamental para la monarquía en Cataluña. El triunfo final de Juan II, que consolidó e incrementó esta nueva fiscalidad real al margen de la Diputación del General, fue rubricado en la Capitulación de Pedralbes de 1472, por la cual el Principado retornaba a la soberanía del rey de Aragón que, en verdad, revalidaba el orden institucional del Principado y las funciones y obligaciones económicas de la Diputación..

 

Redirección y despliegue de la administración, 1472-1593

A las Cortes Generales de Barcelona de 1481, el rey Fernando II reafirmó su respeto por el edificio levantado por el pactismo en la constitución citada de la Observancia, que comienza diciendo: « Poc valria fer Leys e Constitutions si no eren per nós e nostres Officials observades ». Pero el sentido general que tuvo, a partir de entonces, la densa tarea legislativa que impulsó hasta el final de su reinado en 1516, fue el refuerzo del poder real, con la introducción de nuevas instituciones de dependencia regia, como la Inquisición –que topó inmediatamente con la Diputación y las otras corporaciones catalanas- y la Audiencia de Cataluña (hasta entonces la Audiencia Real era itinerante y compartida por todos los reinados de la Corona de Aragón), o a través de la reforma de las ya existentes, como el Consejo de Ciento barcelonés o la misma Diputación General.

El punto que permitía la intervención real en estas corporaciones era la mala administración económica y especialmente la impuntualidad en los pagos a los compradores de títulos de deuda pública, un problema que interesaba a los estratos altos de la sociedad catalana y donde el rey, por tanto, podía contar con el consenso generalizado si conseguía sanear las finanzas. Fernando II mantuvo secuestrados a todos los cargos de la Diputación durante los años 1488-1493 e introdujo el sistema de la insaculación (sorteo) para la elección de seis miembros del consistorio, con el objetivo de romper el monopolio de los cargos por una oligarquía cada vez más restringida y corrupta.

De otra manera, los procesos de contrafacción y, en general, las reclamaciones de la Diputación del General tendrían que ser dirimidas por la nueva Real Audiencia y, de hecho, eso anuló la garantía de justicia por lo que nunca este organismo emanado del rey condenó a ningún oficial real y convirtió la constitución «Poc valria» en papel mojado.

A lo largo del siglo XVI, el absentismo de los monarcas hispánicos se hizo permanente y, si bien con Carlos I se fueron celebrando Cortes con una frecuencia aproximada quinquenal, con Felipe I (II de Castilla), las convocatorias se hicieron más raras. En este contexto, las Juntas de Brazos se hicieron cada vez más frecuentes y se reunían en la misma Casa de la Diputación, suponiendo una ampliación de la representación social importante aunque desordenada. Este nuevo papel de los estamentos en el refuerzo y control de la Diputación, que neutralizaba en parte los efectos del sistema insaculatorio, se consolidó en la Corte de 1585, con la formalización de las Divuitenes o comisiones emanadas de la Junta de Brazos, con el objetivo de ejecutar las decisiones políticas sobre el asunto que había motivado la convocatoria de la asamblea.

A finales del siglo XVI, la estructura orgánica de la Diputación del General era encabezada por tres diputados y tres oyentes de cuentas (uno por Brazo), con una presidencia meramente ceremonial siempre a favor del diputado eclesiástico. La administración central, sita en la Casa de la Diputación de Barcelona –ampliada y magnificada por la nueva fachada de la plaza de San Jaime-, constaba de un escribano mayor, un regente de cuentas y un racional, que tenían a sus órdenes a diversos escribanos. La recaudación tributaria era encargada a arrendadores y recaudadores de los diferentes tributos. En relación a la función fiscal, se fue desarrollando una red estable de representantes locales de la Diputación, que aproximadamente coincidía con las veguerías reales y comprendía doscientas treinta y cuatro poblaciones, con medio millar de agentes y otro medio millar de mosquetes o espías delatores. Este despliegue institucional expresa de manera clara cuál seguía siendo la función principal de la Diputación y, al mismo tiempo, reflejaba directamente la rentabilidad del sistema impositivo propio e indirectamente, el gran aumento de los ingresos derivados de la reconstrucción de la riqueza social de Cataluña, una vez superada la crisis del final del siglo XV.

Portada de la compilación de 1588 de las Constituciones y otros derechos de Cataluña.

Portada de la compilación de 1588 de las Constituciones y otros derechos de Cataluña.

En el año 1593, el rey suspendió unilateralmente una parte importante de los acuerdos tomados en la Corte de 1585 y, a partir de aquel momento, se inició una etapa de conflictos intermitentes, pero progresivamente graves, entre las instituciones catalanas, aferradas al régimen paccionado y una monarquía con una implantación internacional de carácter imperial, que comportaba no sólo una tendencia hacia el ejercicio absoluto del poder y la igualación de regímenes de los diferentes Estados de la Corona, sino también unos compromisos bélicos continuados y muy gravosos en diversos frentes. En consecuencia, los monarcas de la primera mitad del siglo XVII presionaron intensamente a la Diputación del General, en un contexto de crisis social que se iría agudizando.

El conflicto explotó dramáticamente en el año 1640 y originó una nueva guerra civil que no deja de recordar la del siglo XV: separación de Cataluña respecto a la monarquía hispánica, alianza y después vinculación directa con Francia, agotamiento de la experiencia y retorno a la soberanía del rey de España y, como balance final, fortalecimiento del poder real en Cataluña a partir de 1652 y cesión definitiva del condado del Rosellón y parte del de Cerdaña a Francia en 1659.

La subordinación irreversible de la Diputación al poder de la monarquía fue compensada, en parte, por la organización de la Conferencia de los Tres Comunes –la misma Diputación, El Consejo de Ciento barcelonés y el Brazo militar-, que intentó defender los intereses del Principado durante la última parte del siglo XVII y que, a raíz de la sucesión de Carlos II en 1700, condujo el Principado desde la aceptación inicial de Felipe V de Borbón hasta el cambio de bando al amparo del pacto de Génova de 1705. El desenlace de la Guerra de Sucesión, con el sitio y la capitulación de Barcelona el 11 de septiembre de 1714, determinó la abolición de la Diputación y de las otras dos instituciones integradas en la Conferencia de los Tres Comunes.

 

El conflicto con la monarquía hispánica, 1593-1652

Entre 1599, al inicio del reinado de Felipe II (III de Castilla), y 1701, desde la coronación de Felipe IV (V), primer rey de la dinastía borbónica, no hubo otra celebración de Cortes que la del año 1626, interrumpida, y reprimida en 1632, pero finalmente inconclusa por falta de posibilidad de acuerdo entre la monarquía y los representantes de la sociedad catalana. En muchos aspectos, la última piedra del edificio constitucional de Cataluña se puso en la Corte General de Barcelona de 1599. Antes de quedar interrumpido el funcionamiento político normal de Cataluña, esta Corte, que contaba con la presencia prescriptiva del monarca, puso ya en evidencia el conflicto institucional que explotaría al inicio del siguiente reinado, el de Felipe III (IV) el año 1622: Los reyes, alejados físicamente de Cataluña, pretendían que las instituciones catalanas aceptasen los delegados de poder real –lugartenientes y capitanes generales- antes que el nuevo monarca hubiese jurado las constituciones. En 1623, después de la larga resistencia, fue aceptado un lugarteniente interino que duró más de tres años, hasta que el monarca cumplió el requisito constitucional del juramento en ocasión del inicio de la Corte frustrada de 1626.

Aunque en 1599 quedó en suspenso la intención de cobrar la quinta parte de los ingresos de los municipios, la presión fiscal de la monarquía sobre Cataluña iba aumentando y los intentos de cobrar el quinto se reanudaron en 1611 y afectaron a la ciudad de Barcelona en 1620. La resistencia de los municipios fue amparada por la Diputación de la Generalitat, que declaró inconstitucionales tanto el impuesto en sí como los procedimientos drásticos para cobrarlo. Igualmente, fue considerada contrafacción el reiterado intento virreinal de prohibir la posesión de determinadas armas, argumentado por el grave problema de bandolerismo y la necesidad de establecer la seguridad pública, mientras que la Diputación instaba a las localidades a formar cuerpos defensivos propios. Otro motivo de disensión era la defensa externa del país y la cooperación con los designios militares de la monarquía. En el mismo 1599 la Diputación armó dos galeras para defender las costas catalanas, pero pronto se encontró que la Capitanía General las utilizaba para el transporte de tropas a Italia y, después de quedar presas en manos de los argelinos en 1623, la representación catalana en la Corte de 1626 aprovechó para insistir en la jurisdicción privativa del rey en materia de defensa. En esta reunión parlamentaria, la parte catalana se opuso al proyecto de Unión de Armas del ministro Olivares, que preveía el sostenimiento estable de un ejército de 16.000 hombres pagados por la Diputación. El fracaso de las negociaciones parlamentarias, motivadas por estos y otros conflictos, detuvieron la aprobación de nuevas leyes previstas para ampliar la base representativa de la Diputación y constituir la Sala de Sant Jordi, un tribunal de garantías constitucionales destinado a reformar la Observancia.

El paso de la guerra latente a la guerra abierta con Francia convirtió Cataluña en frontera militar y base logística en 1635. El alojamiento de los soldados del rey, así como las levas encubiertas, el incremento de la presión fiscal y otros abusos, además de la prohibición del comercio con Francia, fueron el escenario del ejercicio trienal iniciado en el verano de 1638 por los diputados Pau Claris (eclesiástico y, por tanto, presidente de la institución a efectos ceremoniales), Francesc de Tamarit (militar) y Josep Quintana (popular). Las acusaciones de contrafacción por motivo de los alojamientos fueron consideradas responsables de la revuelta campesina de 1640, que dio lugar a la encarcelación de Tamarit y que, en su momento, encendió más la revuelta, que entró en Barcelona el 22 de mayo para liberarlo y, en el curso de la revuelta del día 7 de junio (Corpus de Sangre), acabó con la vida del virrey, conde de Santa Coloma, en medio de la pasividad de diputados y consejeros. Este acto precipitó el inicio de la Guerra de los Segadores.

La Diputación ató con Francia el pacto de Ceret el 7 de septiembre de 1640, por el cual Cataluña tenía que recibir apoyo militar, se separaría de la Monarquía Hispánica y quedaría constituida como república libre bajo la protección del rey francés. Pau Claris convocó la Junta General de Brazos, que se erigió en la institución rectora de la nueva situación, hizo oficiales los compromisos con Francia y la secesión y emitió deuda pública para financiar los gastos militares. El avance victorioso de las tropas castellanas por Cambrils y Tarragona hizo que la Junta cediese a las presiones francesas y proclamase a Luís XIII Conde de Barcelona, el 23 de enero de 1641, tres días antes de la batalla de Montjuïc, que paró el ataque a Barcelona. Aunque el pacto de Péronne del 19 de septiembre de 1641 respetaba las constituciones y el pactismo, los abusos sobre la población catalana y sobre sus instituciones, no sólo no disminuyeron, sino que se incrementaron gravemente a lo largo de los años de dominio francés, mientras que la guerra se extendía sobre los territorios catalanes, hasta que la debilidad ocasionada por la minoría de edad de Luís XIV y la fractura institucional de la misma Diputación, facilitaron los éxitos de la ofensiva castellana de 1651-1652, dirigida por Juan José de Austria, que entró en Barcelona. La guerra se alargó todavía hasta que el tratado de los Pirineos de 1659 sancionó la anexión a Francia del Rosellón, el Conflent, el Vallespir y parte de la Cerdaña.

 

La decadencia institucional, 1652-1714

El retorno de Cataluña a la Monarquía Hispánica implicó la subordinación de la Diputación del General a la Corona, mediante la instauración de nuevas reglas para la insaculación y la obligación de participar en el sostenimiento de las guarniciones militares asentadas en territorio catalán, mientras que la fiscalidad regia se iba expandiendo. El riesgo constante del descalabro financiero y la ausencia de Cortes restringieron extraordinariamente el margen de maniobra de la Diputación, que no pudo afrontar la persecución del fraude fiscal ni actualizar el sistema impositivo y que, en general, se tornó un instrumento muy dócil en manos de los delegados del rey, sin excluir, sin embargo, protestas y denuncias por las recurrentes contrafacciones. La decadencia institucional de la Diputación contrasta, en la segunda mitad del siglo XVII, con la mayor vitalidad y el protagonismo del Consejo de Ciento de Barcelona, basados en una situación financiera menos ahogada y en la recuperación de la economía urbana.

En el curso de los últimos años del siglo, cobró relieve una asociación informal entre la Diputación y el Consejo de Ciento y el Brazo militar en la denominada Conferencia de los Tres Comunes, en el seno de la cual, sin duda, la Diputación se mostró en general la parte más propicia a seguir las indicaciones de la Corona. A raíz de la muerte de Carlos II en 1700, los Tres Comunes aceptaron la continuidad interina del lugarteniente en ejercicio y se les solicitó también que aceptasen a Felipe de Anjou como rey –y a su lugarteniente- antes del juramento de las constituciones, que se produjo en Barcelona, con ocasión de la celebración de las Cortes de 1701-1702, las primeras después de un siglo de interrupción. Además de medidas favorables al comercio catalán, estas Cortes fueron fructíferas en la esfera constitucional, sobre todo por el establecimiento de un Tribunal de Contrafacciones.

Ahora bien, la conculcación práctica de las constituciones por el virrey Velasco y la desconfianza hacia los Borbones derivada de la penosa experiencia de 1641-1659 y de los ataques militares de Luís XIV en Cataluña, en los últimos años del siglo, juntamente con las presiones de ingleses, holandeses y austriacos, que en 1702 optaron por el archiduque Carlos de Habsburg como sucesor de Carlos II, inclinaron las instituciones catalanas a romper la fidelidad a Felipe V. Por el pacto de Génova del 20 de junio de 1705, los ingleses se comprometían a desembarcar un ejército en Cataluña y respetar las constituciones. Los otros reinados de la Corona de Aragón también optaron por el austriacismo y constituyeron el soporte principal de los aliados en territorio peninsular. Carlos III de Habsburg celebró las Cortes en Barcelona en 1705-1706, que ratificaron y desarrollaron las concesiones hechas anteriormente por Felipe V y reconocieron la organización de los Tres Comunes. Después de la batalla de Almansa, que abrió al Borbón las puertas de Valencia, y de la ocupación de Aragón en la primavera de 1707, el mes de junio abolía los fueros de los dos reinados y quedaba anunciado lo que tenía que suceder en Cataluña en caso de triunfo de Felipe V. A pesar de que la Guerra de Sucesión aún comportó espectaculares cambios en el escenario de los campos de batalla, la suerte de Cataluña quedó sentenciada por un hecho político, el acceso de Carlos de Habsburg al trono imperial en 1711 que, por los peligros de constitución de una gran potencia continental, apareció a los ojos de los ingleses menos deseable que la entrega de la Corona de España al nieto de Luís XIV. Inmediatamente, comenzaron

En 1712, los ejércitos aliados se retiraron de la península y Cataluña quedó entregada a sus propias fuerzas. En julio de 1713, la Junta de Brazos decidió, Bajo la presión del Brazo real, oponer resistencia a los ejércitos borbones, pero estos fueron ocupando el territorio. En abril de 1714 comenzó el sitio de Barcelona, defendida por las compañías creadas por los gremios, bajo las órdenes de Antonio Villarroel y Rafael Casanova. El asalto definitivo de la ciudad se produjo el 11 de septiembre: Casanova resultó herido y Villarroel capituló. El último reducto de resistencia, Cardona, capituló pocos días después.

Plano del sitio de Barcelona en 1697

Plano del sitio de Barcelona en 1697

Fecha de actualización:  23.06.2014