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El régimen de Nueva Planta

Los Reales Decretos configuraban la Nueva Planta - nueva estructura - de la Real Audiencia de Cataluña para reducirla al absolutismo

Los Reales Decretos configuraban la Nueva Planta - nueva estructura - de la Real Audiencia de Cataluña para reducirla al absolutismo

Como resultado de la victoria militar de Felipe V sobre las tropas catalanas y la capitulación de la ciudad de Barcelona el 11 de septiembre de 1714, el día siguiente fue suprimida la Diputación General, junto con el Consejo de Ciento barcelonés y el Brazo de la nobleza, siendo sus bienes incautados. El hecho de haber jurado las constituciones de Cataluña a las Cortes de 1701-1702, poco antes de que las autoridades autóctonas cambiasen de bando una vez iniciada la Guerra de Sucesión, permitió a Felipe V alegar el derecho de conquista y cerrar definitivamente los obstáculos que hasta entonces se habían opuesto con un cierto éxito a la plena implantación de las corrientes cesaristas y absolutistas cada vez más extendidas en el ámbito de las monarquías europeas del siglo XV.

Por el decreto de Nueva Planta, publicado en Cataluña el 16 de enero de 1716, Felipe V configuró un régimen político que excluía la representación de la sociedad catalana y reforzaba la preeminencia (ya característica del funcionamiento de las instituciones reales en el Principado a lo largo del siglo XVII) de las autoridades militares sobre las civiles y una asignación casi sistemática del gobierno de los corregimientos (demarcaciones substitutas de las veguerías) a oficiales del ejército del rey. El gobierno provincial estaba basado en el dualismo entre capitán general y Real Audiencia (que recibió como sede la Casa de la Diputación), donde la cabeza militar era a la vez el presidente del tribunal civil, reunidos constituían el Real Acuerdo y, en la práctica gubernamental, los capitanes generales tendieron a reducir la Audiencia a la condición de órgano consultivo. Las marcadas tensiones entre estas dos autoridades, dirimidas ante el Consejo de Castilla con resultados variables, no modificaron el carácter eminentemente exógeno y la tonalidad siempre represiva del aparato gubernamental del Principado hasta el final de la vigencia de la monarquía absoluta (final intermitente entre 1808 y 1833).

El carácter discrecional de la política de los capitanes generales buscó la cooperación de la sociedad civil y dio paso a tímidos y discontinuos reconocimientos del principio representativo. En momentos de crisis, como el motín de Squillace de 1766, el Ayuntamiento de Barcelona asumió, mediante la coordinación de los ayuntamientos de las ciudades cabeza de corregimiento, funciones de representación política del Principado, en relación directa con la Capitanía General o, incluso, con el Consejo de Castilla y el rey. En 1773, la insubordinación de la sociedad barcelonesa contra las quintas, con el trasfondo de un soporte general de las instituciones autóctonas del Principado, dio lugar a una situación de doble poder, que duró más de un año, en que el Consejo General de los Colegios y Gremios, con el apoyo tácito o explícito de los estamentos privilegiados, se organizó como Diputación y ejerció funciones fiscales y políticas. Después de la crisis, el mes de enero de 1755, fue necesario reafirmar las instituciones de la Nueva Planta y reequilibrar el poder entre capitán general y Audiencia.

Además, las nuevas Cortes unificadas de España, convocadas únicamente para ratificar las sucesiones dinásticas, mantuvieron la condición de ciudades con voto a favor de Barcelona, entre otras ciudades y con ocasión del acceso al trono de Carlos III en 1760, la capital de Cataluña elevó al soberano un memorial firmado también por las otras capitales de la antigua Corona de Aragón –Zaragoza, Valencia y Palma- que pedía la revisión del régimen de la Nueva Planta y un retorno parcial a la situación anterior a la Guerra de Sucesión.

Fecha de actualización:  23.06.2014