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La Generalitat contemporánea (siglos XX y XXI)

En comparación con la continuidad estricta que ha caracterizado el designio autonómico catalán a lo largo del siglo XX, nacido de la dialéctica en torno a la organización territorial de la España constitucional, basado en el dinamismo social contemporáneo y atento a las necesidades de una sociedad democrática moderna, las experiencias históricas anteriores no tienen otro relieve que el de antecedentes lejanos e inespecíficos, no exentos de ambigüedad.


En efecto, un hilo histórico de afirmación clara de la personalidad política de Cataluña atraviesa todo el siglo XX, pese a las resistencias opuestas por la inercia centralista del Estado español, especialmente remarcada en las etapas de involución democrática radical, las dos dictaduras de 1923-1930 (general Primo de Rivera) y 1939-1975 (general Franco). Es bien manifiesto el nexo entre los primeros triunfos electorales del catalanismo político en 1901-1907, que manifestaron la inadecuación del marco estatal, y la primera experiencia de autogobierno catalán, la Mancomunidad de 1914-1925; entre ésta y el régimen autónomo de la Generalitat instaurada dentro de la Segunda República española de 1931-1939; Y entre la Generalitat republicana y la formación actual, que es explícitamente la restauración, facilitada por la subsistencia legal de una Generalitat en el exilio, paralela al dominio franquista en el interior.

Desde el punto de vista de los políticos catalanistas, la Mancomunidad era un primer paso modesto pero útil hacia la autonomía de Cataluña, y, por eso, la misma institución impulsó los trabajos para su reconversión al alza. En efecto, la Mancomunidad aprobó el 25 de noviembre de 1918 las Bases para la autonomía de Cataluña y estimuló un proyecto de Estatuto, que fue aprobado por los diputados y parlamentarios reunidos en asamblea el 25 de enero de 1919. Este Estatuto, con 34 artículos y diversas disposiciones transitorias, configuraba un gobierno autónomo formado por parlamento, ejecutivo y gobernador general, dibujaba un marco financiero propio y delimitaba las competencias estatales y las autonómicas. El proyecto fue rechazado por el ejecutivo y el parlamento españoles sin hacerlo objeto de debate, pero quedó como punto de referencia para el futuro inmediato.

Para el pacto de San Sebastián del 17 de agosto de 1930, los partidos políticos republicanos de España se pusieron de acuerdo en un diseño global para el inminente cambio de régimen que incluía la autonomía política de Cataluña dentro de la anhelada República. A partir de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que determinaron la caída de la monarquía, Francesc Macià, líder de Izquierda Republicana de Cataluña –partido ganador en Cataluña- proclamó de manera unilateral «la República catalana com a Estat de la Federació Ibèrica» el día 14, pocas horas antes que en Madrid se procediera a proclamar la Segunda República española. Pero el día 17, Macià llegó a un pacto con representantes del gobierno provisional español en virtud del cual la República catalana era rebautizada con el nombre más ambiguo de Generalitat de Cataluña, en inexacta recuperación del nombre medieval de la Diputación del General.

El gobierno provisional catalán tenía como una de sus misiones principales impulsar la redacción de un estatuto de autonomía, y fue designada a tal efecto una ponencia que, reunida en Núria, ultimó su anteproyecto el día 20 de junio de 1931. El texto fue sometido a consulta de los ayuntamientos catalanes, que se pronunciaron e a favor, y del cuerpo electoral de Cataluña, con un resultado también abrumador. La definición de Cataluña como Estado autónomo dentro de la República española y la imagen de ésta como federación voluntaria de pueblos se avanzaba al proceso constituyente español, que debía ser tarea del parlamento que surgiría de las elecciones generales a celebrar el 28 de junio del mismo año. De hecho, la Constitución de la Segunda República española, aprobada el 9 de diciembre de 1931, no estableció un Estado Federal sino un «Estado integral compatible con la autonomía de municipios y regiones». Hizo falta, en consecuencia, adaptar el Estatuto de Núria, que, una vez reformado, fue promulgado el 15 de septiembre de 1932 sin someterlo de nuevo al plebiscito de los catalanes.

El Estatuto de 1932 definía Cataluña como región autónoma, con hacienda propia y el núcleo de instituciones de la Generalitat: Parlamento, presidente y Consejo ejecutivo. La regulación y desarrollo de este marco institucional quedaba encargado al nuevo Parlamento de Cataluña, que fue elegido por primera y única vez dentro de la etapa republicana el 20 de noviembre de 1932.

Francesc Macià, primer presidente y restaurador de la Generalitat moderna (1931-1933)

Francesc Macià, primer presidente y restaurador de la Generalitat moderna (1931-1933)

A partir de los sucesos de abril de 1931 quedó constituida, con carácter provisional, la Generalitat de Cataluña, presidida por Francesc Macià y compuesta por un consejo o gobierno, una asamblea de representantes de los municipios –denominada Diputación Provisional de la Generalitat- y unos comisarios que, en calidad de delegados del gobierno, se encargaban a los servicios pertenecientes en las suprimidas Diputaciones provinciales de Gerona, Tarragona y Lérida, mientras que la de Barcelona –y su sede de la plaza San Jaime- se convertía de nuevo en la base principal del poder autónomo de Cataluña. A finales de 1932, con la aprobación del Estatuto y las elecciones al Parlamento, quedó configurada la Generalitat definitiva, con Francesc Macià ratificado como presidente y Lluís Companys nombrado presidente del Parlamento. A la muerte del primero, el 25 de diciembre de 1933, correspondió la presidencia de la Generalitat al segundo, que la ejerció hasta el final de la Guerra Civil, excepto el paréntesis de suspensión del Estatuto que va de octubre de 1934 a febrero de 1936. En la presidencia del Parlamento, sucedieron a Companys Joan Casanovas, hasta octubre de 1938 (con el mismo paréntesis), y Josep Irla, a partir de esta fecha.

Por el Estatuto Interior de Cataluña de 25 de mayo de 1933 quedaron fijadas las instituciones fundamentales de la autonomía y las relaciones entre ellas, y se configuró el Consejo ejecutivo, encabezado por el presidente de la Generalitat – o por un primer consejero, como delegado del anterior- y formado por consejeros titulares de los departamentos de la administración. A causa de los grandes trasiegos de los años 30, la transferencia de las competencias prevista todavía no se había completado cuando se produjo la abolición de la Generalitat en 1939, pero desde el principio la aportación económica estatal para hacer frente a los servicios transferidos aún fue más lenta y resultó siempre insuficiente, de manera que el déficit tuvo que compensarse con aportaciones extraordinarias de los municipios.

En los primeros meses del año 1934 cuajaron las leyes más importantes para la organización de la nueva Cataluña. El traspaso de los servicios de orden público, que permitió eliminar los a los gobernadores civiles (11 de enero), dio lugar a la Junta de Seguridad de Cataluña, que coordinaba las acciones autonómicas y estatales de este área. De acuerdo con las previsiones estatutarias, quedó constituido el Tribunal de Casación, con jurisdicción sobre las materias civiles y administrativas de competencia autonómica, formado por un presidente y doce magistrados y organizado en dos salas: La civil, encargada de aplicar el derecho civil catalán; y la contenciosa administrativa, que actuaba en defensa de los derechos de los ciudadanos contra la misma administración pública. En materia educativa, la Generalitat siguió los pasos de la Mancomunidad y tomó iniciativas que iban más allá de las transferencias realizadas por el gobierno central. Otro de los frentes de la política de la Generalitat fue la organización territorial y la reforma del régimen local, con una ley municipal que recogía las aspiraciones del movimiento municipalista.

A partir de la formación, el 4 de octubre de 1934, de un gobierno de la República que daba entrada a una organización considerada antirrepublicana y antiautonomista, el presidente Companys proclamó unilateralmente un «Estat Català de la República Federal espanyola» el día 6, pero la insurrección fue abortada el mismo día por el capitán general de Cataluña, y Companys destituido y encarcelado, en un ambiente de represión muy marcada. Entre octubre de 1934 y febrero de 1936, con el Estatuto suspendido, la presidencia de la Generalitat fue ocupada por personas designadas por el gobierno central con el título de gobernadores generales de Cataluña. El triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936 comportó el levantamiento de la suspensión del Estatuto, la excarcelación de Companys y su reposición en la presidencia de la Generalitat. El levantamiento militar del 18 de julio fracasó en Cataluña y fue seguido de manera inmediata por un desbordamiento revolucionario de la autoridad de la Generalitat de Cataluña porque las fuerzas sindicales de la CNT impusieron un Comité Central de Milicias Antifascistas que actuó como un auténtico poder gubernamental a lo largo de los meses siguientes. En septiembre de 1936 se formó, encabezado por Josep Tarradellas como primer consejero, un gobierno de unidad con fuerzas de izquierda, que, con el decreto de colectivizaciones del 24 de octubre, legalizó los actos revolucionarios e intentó ir restableciendo una cierta normalidad. Los hechos de mayo de 1934 detuvieron la revolución, y las fuerzas republicanas concentraron la actividad en la guerra. Cataluña, uno de los últimos baluartes de la legalidad, tuvo que acoger en su territorio al gobierno central, que interfirió en las competencias de la Generalitat en una situación cada vez más anormal y desesperada, que precedió la victoria militar de los sublevados.

El día 5 de abril de 1938, a la vista ya del desate de la guerra civil, el general Franco firmó en la ciudad de Burgos un decreto que abolía La Generalitat de Cataluña y declaraba «revertidos al Estado la competencia de legislación y ejecución que le corresponde en los territorios de derecho común y los servicios que fueron cedidos a la región catalana». Con la ocupación militar de Cataluña, completada a principios del año 1939, la supresión de la Generalitat, la incautación de su patrimonio y la restauración de las Diputaciones provinciales – la de Barcelona recibió como sede el Palacio de la plaza de San Jaime- empezaron un período de privación de la democracia y los derechos nacionales catalanes que duraría hasta la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975.

Las autoridades de la Generalitat de Cataluña, como las de la República española, tuvieron que exiliarse. El presidente Lluís Companys se refugió en Francia, pero a partir del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana del territorio francés, fue detenido por los nazis y entregado a la policía franquista. Trasladado primero a Madrid y después a Barcelona, el presidente de la Generalitat fue juzgado en un consejo de guerra sumarísimo y fusilado en el castillo de Montjuïc el día 15 de octubre de 1940.

A la muerte de Companys, Josep Irla, presidente del Parlamento de Cataluña elegido en 1938, asumió interinamente el cargo de la presidencia de la Generalitat en el exilio, y en 1945 formó un gobierno integrado por personas de prestigio pero comprensiblemente inoperante. A partir de su dimisión en 1954, un grupo de antiguos diputados del Parlamento catalán, reunido en la embajada española en Méjico (conservada por las autoridades republicanas exiliadas porque el gobierno mejicano no había reconocido el régimen de Franco), decidió mantener la continuidad institucional y eligió como presidente de la Generalitat a Josep Tarradellas, que en 1937 había sido primer consejero del gobierno catalán y consejero de Finanzas. El presidente Tarradellas, residente en Francia, fue reconocido como depositario de la continuidad legal de la Generalitat por las fuerzas políticas catalanas y, en la última etapa de la dictadura franquista, estableció contactos con los nuevos líderes surgidos en el interior de Cataluña.

Lluís Companys, segundo presidente de la Generalitat contemporánea.

Lluís Companys, segundo presidente de la Generalitat contemporánea.

La muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975 y el nombramiento inmediato de Juan Carlos I como rey de España abrió un proceso de transición desde la dictadura hasta la reinstauración de instituciones democráticas que comportó, también, la recuperación de la Generalitat de Cataluña, en un clima de agotamiento del franquismo y reivindicación de las libertades ciudadanas.

El 3 de julio de 1976, fue nombrado presidente del gobierno Adolfo Suárez, que avanzó de manera cada vez más decidida hacia la reforma. Inició contactos con las fuerzas de la oposición democrática e hizo aprobar por las Cortes franquistas un proyecto de ley para la reforma política, sometido a referéndum el 15 de diciembre, con resultado favorable. Una vez legalizados los partidos políticos, las primeras elecciones legislativas españolas democráticas desde 1936, celebradas el 15 de junio de 1977, configuraron unas cámaras que tuvieron como cometido principal la redacción de una constitución, que fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. La constitución de 1978 proclama «la unidad indisoluble que la nación española», pero reconoce a continuación el derecho de autogobernarse en las «nacionalidades y regiones», proclamación que amparó la generalización de las autonomías y, en este sentido, para mal y para bien, cambió el contexto en que tenía que reaflorar la Generalitat de Cataluña.

El 21 de mayo de 1976, los contactos entre la oposición democrática española y los representantes de la Asamblea de Cataluña y el Consejo de Fuerzas Políticas de Cataluña habían dado como fruto el reconocimiento de las demandas catalanas de restablecimiento provisional del Estatuto de 1932 y formación de un gobierno de la Generalitat. A las primeras elecciones democráticas de 1977, en Cataluña el triunfo de los partidos políticos que incluían en sus programas estas reivindicaciones fue abrumador. Inmediatamente, el presidente Suárez reconoció la legitimidad histórica del presidente Josep Tarradellas, que fue llamado en Madrid el 28 de junio y con quien negoció el restablecimiento formal de la Generalitat, al margen de la Asamblea de Parlamentarios y sin recuperación del Estatuto de 1932. En ocasión de la diada nacional del 11 de septiembre de aquel año, más de un millón de personas reclamaba pacíficamente por las calles de Barcelona el estatuto de autonomía, y poco después, el decreto del 29 de septiembre de 1977 reconocía como presidente de la Generalitat a Josep Tarradellas, la única autoridad republicana que regresó de un exilio de cuarenta años para asumir un cargo de relevancia dentro de la democracia emergente. Tarradellas formó un gobierno integrado por representantes de todas las fuerzas políticas parlamentarias (excepto Alianza Popular) que ejerció su tarea sobre un escaso número de competencias y con escaso margen de maniobra.

La Asamblea de Parlamentarios Catalanes nombró una comisión de expertos para redactar el anteproyecto de estatuto de autonomía. Esta denominada Comisión de los Veinte se reunió en el parador de Sau y produjo un texto que, asumido por la Asamblea de Parlamentarios el 16 de diciembre de 1978, fue objeto de discusión en la comisión constitucional del Congreso de los Diputados, que aprobó el 13 de agosto de 1979, y fue sometido a referéndum el 25 de octubre del mismo año con resultado favorable. El 18 de diciembre de 1979 el Estatuto de autonomía de Cataluña era sancionado por el rey Juan Carlos I. Las primeras elecciones autonómicas celebradas el 20 de marzo de 1980, dieron como resultado un Parlamento que se constituyó el 10 de abril y eligió como presidente a Heribert Barrera.   Jordi Pujol, líder de la fuerza política más votada, fue elegido 126º presidente de la Generalitat.

Manifestación en Barcelona el 11 de septiembre de 1977, para la recuperación de un estatuto de autonomía, de las instituciones de la Generalitat y el regreso del su presidente exiliado.

Manifestación en Barcelona el 11 de septiembre de 1977, para la recuperación de un estatuto de autonomía, de las instituciones de la Generalitat y el regreso del su presidente exiliado.

Cuarenta y un años después de la abolición por el general Franco de las instituciones políticas y nacionales de Cataluña, el pueblo catalán volvía a disponer de un Parlamento, de un Gobierno y de un presidente surgido de las urnas. El presidente Pujol formó un Gobierno de coalición entre su partido, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), y Unió Democràtica de Catalunya (UDC). En 1984 se incorporaba un tercer partido, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), hasta el año 1987.

En un contexto de grandes cambios espoleados por el fin de la dictadura, las tensiones de la guerra fría y lo que más tarde se ha denominado "globalización", Cataluña recuperó instituciones oficiales y civiles desaparecidas o dañadas durante el período del franquismo, e inició un proceso de modernización y de apertura a los mercados extranjeros. También se revitalizaron la lengua y la cultura catalanas, años atrás reprimidas.

Jordi Pujol fue presidente entre 1980 y 2003. Convergència i Unió fue la fuerza mayoritaria en el Parlament durante cinco legislaturas. Durante los sucesivos mandatos de Pujol se consolidó políticamente la autonomía catalana y Cataluña vivió un notable proceso de modernización.

Después de las elecciones al Parlament de Catalunya celebradas el 16 de noviembre de 2003, el Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) llegaron a un acuerdo para constituir una mayoría parlamentaria. El acuerdo entre las tres fuerzas se conoce como Pacte del Tinell, puesto que se rubricó en el salón noble del antiguo Palau Reial de Barcelona. Aquel pacto hizo posible que la Presidencia de la Generalitat recayese en el candidato socialista, Pasqual Maragall, que había sido alcalde de la ciudad de Barcelona de 1982 a 1997. Su mandato estuvo marcado por un fuerte impulso a las políticas sociales y, de forma especial, por la reforma del Estatut d'autonomia de Catalunya. El Parlament de Catalunya aprobó la propuesta de reforma el 30 de septiembre de 2005. Aquella propuesta fue objeto de negociación con las Cortes españolas. El texto final resultante fue aprobado por el pueblo de Cataluña en el referéndum celebrado el 18 de junio de 2006 y entró en vigor el 9 de agosto del mismo año.

Una vez aprobado el Estatut de 2006, Pasqual Maragall convocó elecciones anticipadas para el día 1 de noviembre y anunció que él no se presentaría. Fue sustituido en el cargo por José Montilla, que había encabezado la candidatura socialista. Montilla fue investido presidente por el Parlament el día 23 de noviembre de 2006, con los votos de PSC-CpC, ERC e ICV-EUiA, defendiendo el programa del denominado "Acord d'Entesa", y tomó posesión como 128º presidente de la Generalitat el día 28 de aquel mismo mes.

La acción de gobierno de la legislatura 2006-2010, estuvo marcada por el desarrollo legislativo y competencial del Estatuto de 2006, por la negociación y acuerdo de un nuevo sistema de financiación y por las políticas sociales. Posteriormente, a partir del primer trimestre de 2008, el Gobierno de Entesa se dedicó, de forma prioritaria, a la lucha contra la crisis económica, especialmente sus efectos sobre las empresas y las familias catalanas.

Una vez finalizada la legislatura, el 28 de noviembre de 2010, se celebraron nuevamente elecciones al Parlamento de Cataluña, que Convergència i Unió ganó de forma incontestable, obteniendo 62 de los 135 escaños. El debate de investidura del candidato a la presidencia, Artur Mas i Gavarró, se celebró entre el 20 y el 23 de diciembre. Artur Mas fue investido Presidente de la Generalitat el día 23, después de que el Partido de los Socialistas se abstuviera en la segunda votación, y tomó posesión del cargo en el Salón de Sant Jordi del Palau de la Generalitat el día 27 de diciembre de 2010.

El 11 de septiembre de 2012, 1,5 millones de personas se manifestaron a favor de que Cataluña se convirtiera en un nuevo Estado de Europa.

La trascendencia del cambio en el modelo de relación con España que conllevaba esta reivindicación masiva hizo necesario, a criterio del presidente de la Generalitat, Artur Mas, convocar elecciones anticipadas que permitieran conocer por medio del sufragio el apoyo real a esta posición. Las fuerzas políticas que asumieron en su programa electoral el compromiso de impulsar un proceso para cambiar el modelo de relación de Cataluña con España y hacer efectivo el derecho de los catalanes a decidir su futuro en un país obtuvieron hasta 107 escaños de un total de 135.

CiU ganó las elecciones, con 50 escaños, en una jornada electoral que concluyó con una participación récord del 68%. Mas volvió a ser investido presidente de la Generalitat el 21 de diciembre de 2012, con el apoyo de su grupo parlamentario (CiU) y de Esquerra Republicana de Cataluña. Tomó posesión del cargo en una ceremonia solemne en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat el 24 de diciembre de 2012.

El 27 de septiembre de 2015 se celebraron elecciones anticipadas al Parlamento de Cataluña, que ganó la coalición Junts el Sí, formada por Convergència Democràtica de Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya, con Artur Mas como candidato a la presidencia de la Generalitat. En el primer debate de investidura, el 10 y el 12 de noviembre de 2015, el candidato propuesto por Junts pel Sí, Artur Mas, no fue investido presidente en segunda vuelta por 62 votos a favor y 73 en contra. Después de un mes de negociaciones con la CUP, se llegó a un acuerdo para cumplir el mandato democrático del 27 de septiembre con un nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat, el exalcalde de Girona y presidente de la Associació de Municipis per la Independència Carles Puigdemont.

El debate de investidura del candidato se celebró el último día posible antes del plazo legal para convocar de nuevo elecciones al Parlamento de Cataluña, el domingo 10 de enero, y Puigdemont fue investido 130º presidente de la Generalitat de Cataluña en primera votación con el apoyo de 70 de los 135 diputados de la Cámara -dos más de los necesarios para la investidura por mayoría absoluta-, 63 votos en contra y 2 abstenciones, correspondientes a dos diputados de la CUP. Puigdemont tomó posesión del cargo en un acto en el Salón de Sant Jordi del Palau de la Generalitat el 12 de enero de 2016.

Fachada del Palau de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume, de Barcelona.

Fachada del Palau de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume, de Barcelona.

Galería de presidentes

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Fecha de actualización:  23.06.2014