Pobresa energètica
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Pobreza energética

La ley protege a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial frente a los cortes que puedan establecer las compañías suministradoras de electricidad, gas y agua potable por falta de pago.

Por tanto, esto significa que estas empresas no podrán interrumpir los suministros cuando se producen impagos, cuando hay riesgo de exclusión residencial.

En el contexto de crisis, la protección del derecho a los suministros básicos ha resultado aún más necesaria. De hecho, el Síndic de Greuges, en su informe sobre la pobreza energética del 2013, indicaba que en Cataluña había 193.000 hogares (6,9% del total) que no podían asumir el gasto de mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Y según se detalla en el preámbulo de la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de vivienda y la pobreza energética, los precios de acceso a los suministros básicos en el hogar resultan inasequibles para una parte importante de la población porque, entre otras razones, el precio de la luz ha subido desde 2008 un 60% y el del agua, una media de un 66%.

Las medidas establecidas por la normativa tienen por objetivo evitar los cortes de los suministros, así como establecer ayudas o descuentos para poder gestionar la deuda pendiente.

¿A quién se garantizan los suministros básicos?

A las personas o unidades familiares con riesgo de exclusión residencial

Esto quiere decir que tienen ingresos inferiores a:

  • 2 veces el IRSC (Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña), si se trata de personas que viven solas.
  • 2,5 veces el IRSC, si se trata de unidades de convivencia (más de una persona).
  • 3 veces el IRSC, en caso de personas con discapacidades o con gran dependencia.

Excepcionalmente, si los ingresos son superiores pero hay un riesgo inminente de perder la vivienda también se puede pedir al servicio social que valore si la persona o unidad familiar se puede incluir en la situación de riesgo de exclusión residencial.

Las medidas para garantizar el derecho de acceso a los suministros de agua, luz y gas, también se aplican a las casas en que, a pesar de no cumplir los requisitos de ingresos, vive alguna persona afectada por dependencia energética (personas que necesitan máquinas asistidas para sobrevivir).

El anexo 1 de la Guía para personas y familias que tienen problemas económicos para mantener los suministros de agua, luz y gas concreta los ingresos que determinan el riesgo de exclusión residencial.

¿Qué hacer si se recibe un aviso de impago de una factura?

En el aviso de una factura impagada, la empresa suministradora solicitará a los consumidores que le autoricen a utilizar sus datos personales con la única finalidad de solicitar los servicios sociales municipales un informe para saber si se encuentran en situación de riesgo de exclusión residencial.

Hay que dirigirse a los servicios sociales de cada municipio. Los servicios sociales deben emitir el informe en el plazo de 15 días desde la solicitud por parte de la empresa suministradora.

Si las personas no se presentan ante los servicios sociales en el plazo máximo de 2 meses, estos servicios informan a las empresas suministradoras que no pueden acreditar si se encuentran o no en la situación de riesgo.

En una segunda comunicación, si se envía un aviso de corte de suministro, la empresa informa que, entendiendo que no ha habido oposición, se utilizan los datos del cliente para solicitar dicho informe a los servicios sociales municipales. Éste es el documento que debe determinar si la persona se encuentra en riesgo de exclusión residencial.

¿Y si hay un corte de suministro indebido?

Si la empresa suministradora ejecuta el corte a pesar que la persona o unidad familiar se encuentra efectivamente en riesgo de exclusión residencial, incumplirá la ley. En este caso, hay que dirigirse de nuevo a los servicios sociales del municipio para que se suspenda este corte.

También se puede denunciar el corte indebido en el servicio público de consumo del municipio o comarca (en las Oficinas Comarcales de Información al Consumidor y las Oficinas Municipales de Información al Consumidor).

El Código de consumo prevé sanciones para las empresas que incumplen la ley, que pueden constituir infracción administrativa en materia de defensa de las personas consumidoras o usuarias.

Medidas para garantizar los suministros básicos

Según se recoge en la ley, las administraciones públicas deben llegar a acuerdos o convenios con las compañías suministradoras de agua potable, de gas y de electricidad para garantizar que conceden ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial o que les aplican descuentos notables en el coste de los consumos mínimos.

Fecha de actualización:  27.01.2017