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Prestación de atención social a personas con discapacidad (PUA)

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Solicitar 127 - Prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA) Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

El plazo para la presentación de los formularios de solicitud es del 16 de junio al 16 de agosto de 2018.

De acuerdo con la disposición adicional séptima de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, las administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales están habilitadas para poder comprobar, de oficio y sin consentimiento previo de las personas interesadas, los datos personales declarados por las personas solicitantes de las prestaciones y, si procede, los datos identificadores, la residencia, el parentesco, la situación de discapacidad o dependencia, el patrimonio y los ingresos de los miembros de la unidad económica de convivencia, con la finalidad de comprobar si se cumplen en todo momento las condiciones necesarias para la percepción de las prestaciones y en la cuantía legalmente reconocida.

Se entiende por unidad económica de convivencia la formada por la persona beneficiaria con su cónyuge o pareja de hecho y los familiares hasta segundo grado de consanguinidad que convivan en el mismo domicilio.

Documentación que se deberá presentar junto con el formulario de solicitud en el momento de su presentación:

Documentación general (datos personales y administrativos):

a) Copia del certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros, carta verde y pasaporte, vigentes en el caso de personas extranjeras comunitarias. En el caso de que la persona con discapacidad solicitante sea una persona extranjera no comunitaria, copia de la tarjeta de residente (TIE) vigente. En el caso de los menores de 14 años que no dispongan de DNI/NIF, copia de la tarjeta de identificación fiscal (TIF).

b) En el caso de que la persona con discapacidad sea menor de edad, también será necesario aportar, si procede, copia del NIE de la persona que actúa como tutor o tutora.

c) En el caso de que la persona con discapacidad sea mayor de edad con incapacitación legal, también será
necesario aportar, si procede:

Copia del NIE de la persona que actúa como representante legal.

Copia, si procede, de la sentencia de incapacitación y del nombramiento de tutor o tutora.

d) Datos bancarios de la persona beneficiaria que deberá figurar como persona titular de la cuenta bancaria o
de ahorro también en el caso de que sea menor de 14 años. Estos datos se informarán en el formulario de
solicitud.

e) Copia de los certificados de residencia de los periodos anteriores al año 2006 que sean necesarios para acreditar el total de cinco años de empadronamiento en Cataluña.

f) Copia del certificado de residencia legal de la persona solicitante, si se trata de una persona extranjera no
comunitaria. Este certificado debe acreditar la residencia legal durante cinco años. Este certificado debe solicitarse en las dependencias de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en la oficina de
extranjería o en las comisarías de la Policía Nacional.

La presentación de la documentación de este apartado no será necesaria para la persona solicitante que la haya aportado anteriormente a cualquier órgano o dependencia del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, siempre que no hayan trascurrido más de cinco años desde la presentación y los datos no hayan experimentado ninguna modificación. En este caso, la aportación podrá ser sustituida por una declaración de la persona solicitante, que se incluye en el formulario de solicitud, con la cual se acredite que no se han producido modificaciones en los datos que consten en la documentación presentada. Se debe especificar el expediente para el cual se aportó la documentación mencionada para que la unidad promotora pueda verificarlos.

De acuerdo con la habilitación legal establecida en la disposición adicional séptima de la Ley 2/2014, de 27 de enero, no será necesario aportar el documento identificador (DNI/NIF) de la persona con discapacidad, ni de quien actúe como tutor o tutora o como representante legal. Tampoco será necesario aportar el volante de convivencia de la unidad económica familiar.

g) En el caso de que se trate de una mujer víctima de violencia machista que haya tenido que irse de su lugar de residencia, sentencia o acreditación judicial que hay un procedimiento abierto que justifique la existencia de una situación de malos tratos o cualquiera de los documentos previstos como medio de prueba cualificados para la identificación de las situaciones de violencia machista en el artículo 33 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

También deberán adjuntarse las declaraciones responsables incluidas en el formulario de solicitud.

Datos económicos:

No será necesario aportar la declaración de renta de las personas físicas del último ejercicio fiscal disponible ni el certificado actualizado de la Tesorería General de la Seguridad Social de las pensiones que se perciban en 2018 ni de la persona solicitante ni de las personas miembros de la unidad económica de convivencia.

Documentación que se deberá presentar de la persona solicitante y, si procede, de los miembros de la unidad económica de convivencia:

a) En el caso de no tener la obligación de presentar declaración del IRPF, y que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no disponga de ningún dato económico, será necesario presentar:

Certificado o justificante de ingresos, de prestaciones económicas públicas o privadas y de retribuciones en
dinero de 2017.

Certificado o justificante de rendimientos netos de las cuantías ingresadas (intereses) en entidades financieras de 2017.

Certificado o justificante de rendimientos netos del capital inmobiliario y mobiliario de 2017.

b) Presupuesto original o factura y recibo originales de la prestación solicitada, referidos al año 2018, firmados
y sellados por la persona distribuidora.

En el caso de endoso del pago, se deberá presentar la documentación siguiente:

a) Fotocopia del DNI/NIE de la persona o del NIF de la entidad que cobra la prestación.

b) Documento de autorización de cobro debidamente cumplimentado.

c) Solicitud de transferencia bancaria para pagos de la Tesorería de la Generalidad de Cataluña a acreedores debidamente cumplimentada y sin ninguna enmienda, de la persona o entidad que cobra la prestación. Este documento también podrá ser presentado con posterioridad a la presentación de la solicitud, una vez se haya resuelto favorablemente el expediente.

Documentación específica:

Prestación para movilidad y transporte:

Permiso de conducir (obtención o reconversión, prestaciones 100 y 101):

a) Fotocopia del certificado médico oficial necesario para la obtención del permiso de conducir, expedido por los centros específicos autorizados.

b) Presupuesto original firmado y sellado por una autoescuela y referido al año 2018.

Adaptaciones del vehículo (prestaciones 103, 104, 105, 106, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 118 y 119):

a) Copia (anverso y reverso) del permiso de conducir vigente de la persona beneficiaria de la prestación donde consten las condiciones restrictivas de la persona discapacitada. Si se tiene el permiso de conducir en trámite, fotocopia del certificado médico oficial necesario para su obtención.

b) Presupuesto original, firmado y sellado, de la adaptación, referido al año 2018.

c) Si se trata de un vehículo automático, es necesario presentar el presupuesto total o, en caso de haber realizado el gasto, la factura y el recibo originales.

d) Fotocopia compulsada de la ficha técnica del vehículo donde consten las adaptaciones realizadas, visada por la Dirección General de Industria del Departamento de Empresa y Conocimiento (ITV).

Transporte (prestaciones 200 y 202):

a) En el caso de transporte para asistir a atención precoz, certificado del centro de la red pública (propio o concertado) que acredite los días de asistencia semanal, las semanas y los meses durante el año 2017. 

b) En el caso de transporte para asistir a enseñanza reglada postobligatoria y formación ocupacional para el alumnado mayor de 16 años, certificado del centro que indique cuáles son los estudios realizados, así como si se trata de una enseñanza reglada y postobligatoria.

Productos de apoyo (prestaciones de la 300 a la 770):

a) Presupuesto original o factura y recibo originales de la prestación solicitada, referido al año 2018, firmados y sellados por la persona distribuidora.

b) En el caso de que la persona lo crea conveniente, se puede adjuntar el dictamen facultativo sobre la prescripción del producto de apoyo solicitado.

Prestación para curso de aprendizaje de la lengua de signos o curso de lectura labial (código 998) y prestación para intérprete para personas sordas y personas sordociegas para curso de enseñanza reglada postobligatoria y formación ocupacional en centros autorizados (código 999):

a) Presupuesto original de la entidad o del profesional autónomo referido a la persona beneficiaria donde conste el número de horas de duración del curso y precio o bien que hará de intérprete durante el año 2018.

Silla o plataforma salvaescaleras (instalación fija) (código 712):

a) Volante de residencia o certificado de empadronamiento.

b) Si la vivienda es de propiedad: el Departamento obtendrá una nota simple informativa actualizada del
Registro de la propiedad.

c) Si la vivienda es de alquiler o se disfruta en situación de usufructo: la autorización de la propiedad para
realizar la instalación.

d) Presupuesto desglosado con una breve descripción de la localización de la escalera donde se hará la
instalación.

e) Fotografías de la escalera.

Los requisitos que se deben cumplir para tener acceso son:

a) Empadronamiento y residencia legal en un municipio de Cataluña durante cinco años, dos de los cuales deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, excepto de las personas que tienen reconocida la condición de personas catalanas retornadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 25/2002, de 25 de noviembre, de medidas de apoyo al retorno de los catalanes emigrantes y a sus descendientes, y de segunda modificación de la Ley 18/1996, a las cuales no se exige el periodo mínimo de residencia.

También están eximidas de este requisito las mujeres que hayan tenido que marcharse de su lugar de residencia y lleguen o hayan llegado a Cataluña para evitar malos tratos a ellas mismas y/o a sus hijos e hijas de acuerdo con la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, y se encuentren en situación de cumplir el resto de requisitos exigidos.

La residencia continuada se considerará interrumpida en ausencias superiores a 90 días al año. Las personas que no tengan nacionalidad española, o no sean ciudadanos nacionales de alguno de los otros estados miembros de la Unión Europea, deben acreditar la residencia mediante la autorización para residir expedida por la Administración general del Estado.

b) Tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% o, en todo caso, haber presentado la solicitud de valoración o revisión del grado de discapacidad antes de la publicación de esta Orden de convocatoria. O ser beneficiario de una pensión de la Seguridad Social de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, o pensionista de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, de acuerdo con el artículo 4.2 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

En el caso de menores de 4 años, es necesario que tengan un retraso de desarrollo madurativo, cuya evolución pueda ocasionar una discapacidad residual según los criterios de los servicios de valoración y orientación. 

Si la persona beneficiaria tiene 65 años o más, es necesario acreditar que la condición de persona con discapacidad se instauró antes de cumplir los 65 años.

c) En el caso de prestaciones para el transporte para asistir a la atención precoz, el límite de edad queda establecido en 6 años.

d) Encontrarse en situación de necesidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de esta convocatoria.

e) Cumplir las condiciones específicas de acceso y otras condiciones exigidas para cada tipo de prestación que se establece en el anexo 1 de esta convocatoria.

Los requisitos se deben mantener en el momento en que se reconoce el derecho a la prestación.

No hay tasas asociadas a este trámite.

Carácter de la prestación

La prestación de atención social a las personas con discapacidad está considerada una prestación social de carácter económico y de derecho de concurrencia.

Esta prestación es puntual, excepto la destinada a la actuación de utilización de transporte individual para el acceso a servicios de atención precoz, que es temporal.

Esta prestación queda sometida al régimen fiscal aplicable a las aportaciones dinerarias vigente en el momento de su otorgamiento.

Incompatibilidades

Estas prestaciones son incompatibles con las otras prestaciones económicas que tenga reconocidas la persona beneficiaria o con las prestaciones a las que pueda tener derecho por cualquiera de los sistemas de protección públicos o privados complementarios de la Seguridad Social, si la concesión de las prestaciones objeto de la convocatoria puede conllevar su pérdida, disminución o no concesión.

La prestación objeto de esta convocatoria, y siempre con el límite máximo establecido, es incompatible con otras ayudas que la persona beneficiaria pueda tener reconocidas por cualquier entidad pública o privada por el mismo concepto, alcance y finalidad.

Los órganos que informan sobre las prestaciones y las tramitan deben comprobar, en el ejercicio de sus funciones, que no se produce esta incompatibilidad. Las personas beneficiarias están obligadas a comunicar al órgano instructor las prestaciones, los ingresos o los recursos que financien la prestación solicitada, obtenidos o solicitados de otras administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, con posterioridad a la presentación de la solicitud de prestación. Esta comunicación se debe hacer tan pronto como se conozcan y, en todo caso, antes de la justificación de la aplicación de los fondos recibidos.

 

Criterios económicos

La prestación consistirá en un porcentaje del coste de la adquisición del producto o actuación que sea objeto de esta.

El porcentaje del importe máximo de la prestación se establece en función de los ingresos económicos de la persona con discapacidad, así como de sus condiciones sociales.

La situación familiar o convivencial y los ingresos económicos de la unidad familiar o de convivencia solo se tendrán en cuenta en el supuesto de que estén a cargo de la persona beneficiaria.

No se tienen en cuenta como ingresos los que puede percibir la persona beneficiaria provenientes de ayudas de cualquier naturaleza, sin tener la finalidad de atender a los gastos derivados de la necesidad de concurso de otra persona para llevar a cabo los actos esenciales de la vida.

El total de ingresos mensuales se obtendrá dividiendo el total de los ingresos anuales entre doce meses.

Se consideran rentas las que prevé la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio.

En el supuesto de ingresos anuales brutos por rentas del trabajo, para obtener los importes totales anuales será necesario deducir, previamente, los importes de cuotas de la Seguridad Social, formación profesional y desempleo (nunca más de un 6,4% de enero a diciembre del año anterior).

Son unidades familiares o unidades de convivencia las establecidas por los artículos 2 y 3 de la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias.