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Convenio contra la pobreza energética

Antes de interrumpir el suministro, las operadoras deberán solicitar los servicios sociales municipales en un informe que acredite si la persona se encuentra en riesgo de exclusión residencial

19/01/2017 13:01
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Las administraciones catalanas han llegado a un acuerdo para crear un modelo común de convenio para instar la corresponsabilidad de las empresas suministradoras en relación a la pobreza energética. El acuerdo incluye un nuevo protocolo de actuación para evitar cortes en el suministro de agua, luz y gas. Tanto el convenio como el protocolo los han pactado la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, las diputaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, la Federación Catalana de Municipios y la Asociación de Municipios de Cataluña.

Esta propuesta común de convenio estará a disposición de las suministradoras de servicios básicos que aún no han llegado a ningún acuerdo de colaboración con la Generalitat para hacer frente a la pobreza energética. La figura del convenio está incluida en la Ley 24/2015 para buscar vías de colaboración y corresponsabilidad en la lucha contra la pobreza energética. A día de hoy, 20 distribuidoras de agua que abastecen casi 6,5 millones de ciudadanos ya han suscrito uno.

Compromisos de las suministradoras

La propuesta de convenio recoge diferentes compromisos por parte de las suministradoras. Por un lado, establece que se dirigirán a los servicios sociales municipales para solicitar su informe acreditativo antes de proceder a cualquier interrupción de los suministros. También facilitarán a los usuarios toda la información relativa a sus derechos.

Además, el convenio contempla que las empresas suministradoras de gas y electricidad colaborarán con las administraciones para hacer frente a los gastos derivados de la pobreza energética. En este sentido, y mediante medidas como la aplicación de tarifas sociales, la condonación de la deuda acumulada o aportaciones económicas directas, las operadoras deberán cubrir como mínimo el 50% del coste de la pobreza energética en Cataluña, incluido el gasto que supone para las administraciones la gestión de estas situaciones. También deberán promocionar el bono social y la optimización de la potencia contratada.

Un protocolo para aumentar la seguridad jurídica

Las administraciones también han acordado un nuevo protocolo, que fija los criterios y procedimientos para aplicar la Ley 24/2015, y que pretende incrementar la seguridad jurídica en la protección de las personas en situación de vulnerabilidad económica. El protocolo vigente, elaborado por la Agencia Catalana de Consumo, fue recorrido tanto por la patronal eléctrica UNESA como por Endesa. A falta de sentencia firme, la Generalitat de Catalunya continua aplicando los protocolos publicitados en la web de la Agencia Catalana del Consumo, a l’espera de la resolució definitiva de las medidas cautelares. 

El nuevo protocolo establece que las compañías suministradoras deberán informar de los derechos relativos a la pobreza energética que recoge la normativa catalana en todos los avisos o comunicaciones referentes a la falta de pago del servicio. Antes de proceder a interrumpir cualquier suministro, las operadoras deberán solicitar a los servicios sociales del municipio del afectado un informe que acredite si la persona se encuentra o no en situación de riesgo de exclusión residencial. Se considera que están en esta situación las personas que viven solas con unos ingresos inferiores a 2 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC); las unidades de convivencia (más de una persona) con ingresos inferiores a 2,5 veces el IRSC; o aquellas personas con discapacidad o gran dependencia e ingresos inferiores a 3 veces el IRSC.

Las administraciones deberán emitir el informe en un plazo máximo de 15 días y enviarlo a la empresa solicitante. Si no se hace en este plazo, se entiende que la persona o unidad familiar afectada se encuentra efectivamente en situación de riesgo de exclusión residencial. Al mismo tiempo, deberán informar a los afectados de las posibles ayudas existentes para hacer frente a la pobreza energética para no generarles una deuda. Una vez cumplido este procedimiento, las suministradoras deberán mantener el suministro mientras dure esta situación de riesgo, y los servicios sociales serán quienes deberán advertir a las operadoras en caso de que tengan conocimiento de cambios en la situación económica de los afectados.

Las administraciones catalanas se alían para proteger a los colectivos más vulnerables